Falta visión de Estado para garantizar derechos a mexicanas

 Por Gladis Torres Ruiz

 (CIMAC).-  A 30 años del surgimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la falta de una política de Estado integral en México, obstaculiza el respeto a los derechos humanos de las mujeres, y su acceso a la justicia, coincidieron representantes de la academia, instituciones, y organizaciones de la sociedad civil (OSC).

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante el foro "Retos y Perspectivas en México" a propósito de los 30 años de la creación de la CEDAW, las y los participantes coincidieron en que en materia de derechos humanos de las mexicanas ha habido avances en la creación de leyes, institutos e instancias que los resguardan,  sin embargo en su vida diaria las mujeres no los viven.

Para Mercedes Barquet, investigadora de El Colegio de México, una de las principales razones es el retraso de la ciudadanía de las mujeres, "en pleno siglo XXI, las mujeres no tienen conciencia de que tienen derechos, por lo que no pueden tener acceso a la justicia".

A este desconocimiento, se suma una falta de visión de Estado que mire de manera integral los derechos humanos de las mexicanas, lo que permite una triangulación viciosa entre colusión, violencia e impunidad, agregó ante un auditorio totalmente lleno, entre quienes se encontraban las ex diputadas federales Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña Gómez.

Ricardo Bucio, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), refirió que la falta de una perspectiva integral deja a las mujeres sin garantías, si bien es cierto se legisla pero no se sanciona, aunado a ello, se encuentra la falta de integración de todas las instituciones.

Se crearon instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), sin embargo, no se  articulan, coincidieron las y los ponentes.  "Solamente se abren espacios poco a poco, pero no hay una integración de todas las instituciones" precisó Ricardo Bucio.

En este punto coincidió con Rocío García Gaytán, titular del Inmujeres, quien afirmó que como resultado de esto es que los transitorios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (Ley General), a tres años de su creación están siendo violentados, y hasta el momento, "No hay banco de datos, ni tampoco un diagnóstico", pero "hay que seguir empujando".

La también Secretaria Técnica del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que establece la Ley General, se deslindó de la falta de cumplimiento cabal de los puntos transitorios y responsabilizó a la Secretaria de Gobernación (Segob) de esa situación ya que han recibido presupuesto para ello, sin que hasta el momento tenga resultados.

MUJERES DOBLEMENTE RESPONSABLES

Por su parte Imelda Marrufo Nava, Directora de la Red mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, afirmó que en México se sigue creyendo que el acceso a la justicia es igual para todas y todos, sin embargo no es así, y esto ha provocado la re-victimización. Antes a las mujeres asesinadas de Juárez, se les culpaba de llevar una "doble vida y  ahora, se les acusa de pertenecer al crimen organizado".

Gobierno tras gobierno, han recibido recomendaciones para acabar con la impunidad, y a pesar de ello se sigue asesinado a las mujeres, sin que estas tengan acceso a la justicia, ya que dichas recomendaciones "hechas al Estado", son confinadas en las instancias de las mujeres tanto estatales como en la nacional.

Para Ricardo Bucio, "las políticas públicas deben responder a las recomendaciones hechas por las instancias que trabajan por los derechos humanos de las mujeres. Trabajar en forma conjunta para que progresen", abundó.

En el mismo sentido, y en referencia a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) , en el caso conocido como "Campo Algodonero", Rocío García Gaytán, señaló que esta sentencia es una oportunidad para cambios importantes en esta materia, "si se aplica".

México firmó la Convención el 17 de julio de 1980 y fue ratificada por el Senado de la República el 23 de marzo de 1981. Entró en vigor en septiembre de ese mismo año.

En 2002, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sobre el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que permite a las mexicanas presentar quejas ante las 23 expertas que integran dicho comité, en lo individual o lo colectivo, una vez agotadas las instancias nacionales.

El primer caso recibido por el comité de expertas de la CEDAW fue el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentado en 2005 por las organizaciones civiles Casa Amiga, de Ciudad Juárez, y Equality Now de Estados Unidos, y que le valió la primera recomendación al Estado mexicano por la CEDAW.

ESTADO LAICO

Mercedes Barquet, señaló que aunado a lo anterior se encuentran los retrocesos que están viviendo las mexicanas actualmente en sus derechos. Es el caso de las reformas Constitucionales aprobadas en los estados del país que criminalizan el aborto y por ello es  fundamental la defensa del estado Laico.

Mientras que la presidenta del Inmujeres, señaló que es vital que en México se garantice el respeto a la religiosidad de cada persona, así como el respeto a los derechos de cada una, "no podemos colocar por encima de los derechos de las personas las creencias de nadie".

Este día la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una adición al artículo 40 constitucional, para que se agregue que es "laico". Se espera que en la sesión de este jueves, sea presentada ante el pleno en primera lectura la reforma constitucional.