Y SIN EMBARGO...

María Antonieta Morales

Tacto de elefante

A principio de este mes de febrero pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se encontraron con la novedad de que se les había descontado el Impuesto Sobre la Renta sobre el pago de su pensión.
La disposición de la Secretaría de Hacienda afectará a cerca del 10% de los trabajadores pensionados en el país. Los retirados deberán pagar impuestos sobre los montos superiores a 9 salarios mínimos (15,500 pesos).
Es la primera vez que esta medida se aplica a las prestaciones de los trabajadores, aunque el secretario del ramo Ernesto Cordero manifestó que la disposición se encuentra en la Ley del ISR desde 1979.
Legisladores y especialistas en seguridad social coinciden en que los afectados pueden llevar el caso a tribunales, ya que la medida es contraria al convenio suscrito con la Organización Internacional del Trabajo donde de establece que no se cobrarán impuestos sobre las pensiones de los trabajadores. Los afectados podrían promover el amparo o la nulidad fiscal contra el pago del impuesto.
La pensión es el ahorro que los trabajadores realizaron toda su vida para poder tener una vida digna después de sus años de trabajo. Además, durante toda su vida laboral pagaron los impuestos correspondientes por lo que gravar las pensiones implica una doble tributación.
El Gobierno federal en su afán de incrementar sus ingresos para este 2010, decidió hacer efectivo el pago de impuestos para los pensionados y jubilado que preveía la ley desde 1979.
Esta decisión refleja la política económica errática que ha estado siguiendo la Administración actual.
Por un lado la Secretaría de Hacienda sobreestimó el faltante fiscal que enfrentaría este año presionando la decisión de aumentar los impuestos en un momento de contracción económica y por otro, los resultados del 2009 muestran un incremento del gasto público en términos reales, sobretodo del gasto corriente, mientras que del Programa Nacional de Infraestructura sólo el 36% de las obras se han licitado.
Ante el problema de finanzas públicas decidieron aumentar los impuestos pero al mismo tiempo no hubo capacidad para detener el crecimiento del gasto corriente del sector público, por lo que el propio Gobierno no ha dado muestras de realizar el esfuerzo que le pide a la población.
En estas condiciones, no se justifica el pedirle a las personas que ya tuvieron una vida de trabajo y que dependen de los recursos que ahorraron a lo largo del tiempo, que hagan un esfuerzo adicional para apoyar las finanzas públicas.
Los recursos adicionales que se recaudarán por este concepto no son significativos. Los legisladores calculan que la recaudación por gravar las pensiones de los jubilados estaría alrededor de los 110 millones de pesos.
Con acciones como esta, la administración actual muestra el tacto de elefante y la poca sensibilidad con relación a las condiciones económicas actuales de la población de nuestro país.
En un momento en que la población resiente los aumentos de impuestos, los incrementos de precios y las dificultades para conseguir empleo, deciden hacer efectivo el cobro de impuestos a las personas de la tercera edad que dependen de los ahorros que realizaron en su vida de trabajo, con el agravante de que además, este cobro es anticonstitucional.

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